15 Mayo 2019

Plena inclusión España trasladará al Ministerio Fiscal las posibles irregularidades en el voto de personas con discapacidad de la residencia Villa Santa Teresa

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                                                                                                                     (Imagen de grupo de la residencia Villa Santa Teresa difundida en su página web).

Para Plena Inclusión España, la conquista del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no puede verse empañada por noticias como la publicada hoy por El País sobre la residencia Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila), en donde se sospecha que ha podido existir un voto coaccionado de estas personas. 

Al no poder investigar los hechos directamente –ya que esta asociación no es miembro de Plena inclusión– esta organización invita al Ministerio Fiscal a realizar las pesquisas pertinentes para saber si estos hechos pueden constituir delito. Asimismo, recuerda que debe garantizarse el libre ejercicio del derecho al voto, en igualdad de condiciones que el resto, mediante sistemas que ofrezcan a estas personas la oportunidad de acceder y comprender la información electoral.

Martes 14 de Mayo de 2019. Ante las supuestas irregularidades reveladas hoy por el diario El País en el ejercicio del derecho al voto de mujeres con discapacidad intelectual internas en la residencia femenina Villa Santa Teresa del municipio abulense de Gotarrendura, Plena inclusión anuncia que solicitará al Ministerio Fiscal el inicio de una investigación, con el fin de comprobar si estos hechos vulneran la Ley Electoral o el propio Código Penal, y actuar en su caso.

En su información, El País destacaba que un grupo de mujeres residentes de Villa Santa Teresa podrían haber emitido su voto en las pasadas elecciones sin que se respetase su derecho de libre elección entre las fuerzas políticas que confluían a ese proceso electoral, e incluía declaraciones de una de las interna afirmando: “las hermanas nos dieron la papeleta y nos dijeron que no comentásemos nada”.

Para Plena inclusión, estos hechos –así como la publicidad que se hace de ellos–, resultan especialmente graves para un colectivo que ha tardado años en conseguir el pleno reconocimiento de este derecho al voto, y que finalmente consiguió a finales del año pasado para 100.000 personas privadas del mismo. Esta sustancial conquista no debe verse empañada ahora bajo ninguna sombra de sospecha.

Por ello, Plena inclusión insiste en exigir que este derecho pueda ejercerse en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas, y que esto pasa por garantizar el acceso a la información electoral a través de recursos que la hagan comprensible, como por ejemplo los diferentes programas electorales en lectura fácil. Todo ello serviría para evitar que estas personas puedan ver coaccionado o dirigido este derecho.

 

La solicitud a la Fiscalía se realiza además, ante la imposibilidad por parte de Plena inclusión de investigar directamente los hechos, ya que la residencia Villa Santa Teresa no pertenece a esta organización.